Colaboradores

#DeMuyBuenaFuente

Por Carlos Macías Palma

Va Román por un voto, sólo un voto

Salvador Sánchez Ruanova ofreció su apoyo a Román Sánchez Zamora.

Se trata de Salvador, quien fue aspirante a la titularidad de la Auditoría Superior del Estado en el año 2024.

Ahora, apoya a Román, quien aspira y respira por convertirse el Auditor Superior.

La semana pasada, cuando se abrió la convocatoria para elegir al titular de la ASE, Román dijo: “Yo quiero” y fue y se inscribió.

Y en esa búsqueda de apoyos y solidaridad, se le sumó su colega.

Ahora, a Román, ya nada más le falta un voto. Un sólo voto.

Punto.

He informado.

…

MC no le entra a la Marcha de Cholula

Movimiento Ciudadano en San Pedro Cholula informó que no participará en la “Caminata por la Defensa de Cholula”, convocada por ciudadanos para el próximo 23 de noviembre.

En un comunicado, el partido naranja recordó que como dice su dirigente nacional Jorge Álvarez Máynez:

“Los actores políticos deben evaluar si su presencia fortalece o debilita las manifestaciones ciudadanas, y que en muchos casos ocurre lo segundo, especialmente cuando algunos representan aquello contra lo que la sociedad se manifiesta”.

Así es que para la marcha ciudadana del próximo domingo, MC en San Pedro Cholula dice: “Si saben contar…”

Punto.

He dicho.

…

Ni Obama

Los diputados locales poblanos de la 4T forman la “sub-clase política poblana”. Tanta mediocridad no la tiene, ni Obama.

…

El Verdugo

Si la oposición está disminuida y a MORENA le apoyan 35 millones de mexicanos ¿Qué le preocupa a la Presidenta con A? Su popularidad de mantiene. El Verdugo dice: Pero a la baja.

De Buena Fuente, no es la mejor columna política, pero tiene… a los mejores lectores.

cmaciaspalma@yahoo.com.mx

@cmaciaspalma

FB: Carlos Macias Palma

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#AlquimiadelPoder

Por Ruby Soriano

Viene de arriba, de mucho más arriba

La durísima columna de Héctor de Mauleón sobre la presunta venta del Penal de San Miguel en Puebla al Cártel Jalisco Nueva Generación expone la gravísima situación que hoy se enfrenta en la entidad con respecto a la impunidad con la que operan las organizaciones delictivas.

Lo expuesto por el Periodista es un recuento de todos los acontecimientos que han ocurrido al interior de este reclusorio, donde no sólo recordamos la aparición del cuerpo del bebé Tadeo en un basurero a las afueras del penal, sino también hemos tenido conocimiento de los excesos y violaciones a los derechos humanos de reos cuyos familiares han denunciado esas situaciones.

Las fotos, videos y mensajes que han circulado en redes sociales, ventiladas incluso por algunos internos, dan cuenta de las zonas VIP dentro de este viejísimo reclusorio, donde a pesar de registrar una sobrepoblación, se han podido conocer imágenes de áreas privilegiadas para internos que pagan su derecho de piso para contar con comodidades y protección.

Don Héctor de Mauleón es puntual al señalar que lo registrado en San Miguel difícilmente cambiará con el relevo de los mandos directivos.

Y esto no ocurrirá pues como dice el columnista, los acuerdos vienen de "arriba, de mucho más arriba".

Frente a esta realidad que ha sido exhibida en recientes semanas, la gran pregunta es ¿por qué el Secretario de Seguridad Pública en Puebla, el vicealmirante Francisco Sánchez González pareciera ser un funcionario de paja, cuyos resultados distan mucho de lo que se prometió con su arribo a la entidad.

Lo que sucede en Puebla cada vez adquiere tintes de una situación de emergencia en materia de seguridad.

Muchos poblanos percibimos que la plaza se ha entregado a la delincuencia, quien ha sentado sus reales en un estado duramente azotado por la corrupción y excesos de quienes han gobernado en los últimos tiempos en la capital y entidad.

Hace unos días en un post en su cuenta de X, el diputado local morenista, Andrés Villegas hablaba de la "la paz cotidiana" que se percibe en Puebla.

La aseveración del legislador parece una broma negra si tomamos en cuenta lo siguente:

🕹️Ejecuciones diarias en Puebla.

🕹️Ejecuciones e incendios por cobro de piso.

🕹️Extorsiones que salieron desde la Fiscalía del Estado y que "ojalá" se hayan frenado.

🕹️Ediles y diputados "colaborando" con la delincuencia.

🕹️Mujeres y Hombres de la política hundidos en adicciones, incluso así legislan y gobiernan.

Ante todas estas banderas rojas en la entidad, la sociedad y los grupos ciudadanos permanecen silenciados.

¿Dónde están esos empresarios esquiroles que salieron a anunciar la creación de una comisión de seguridad que ha servido sólo como un salivazo patronal de quienes no se atreven a criticar o exigirle directamente a la cabeza del gobierno estatal?

Puebla está entregada.

El gobernador Alejandro Armenta es evasivo cuando tiene la responsabilidad de darnos un parte de guerra muy detallado, sobre el inminente avance de una delincuencia que se escucha, se huele y se palpa.

¿Quiénes son los hombres del Gobernador que estarían fungiendo como enlaces o interlocutores con organizaciones delictivas? ¿Realmente existen?

¿Cuánto tiempo más se dará al titular de Seguridad Pública para resultados tangibles en el combate a la delincuencia?

Puebla vive sus peores momentos que desfortunamente como lo dice el periodista Héctor de Mauleón, los negocios con grupos delincuenciales, se están haciendo desde arriba, mucho más arriba.

Hoy vivimos en un lugar que se ha coronado como la nueva Puebla de los malosos. 

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#PalabradeTigre

Por Humberto Aguilar "El Tigre" **

¿Importa la tolerancia?

El domingo 16 de noviembre se conmemoró el día internacional de la tolerancia, fecha en que la ONU decidió proclamarla, con el único objetivo de que se comprendiera y se promoviera en el mundo.

Con tristeza puedo afirmar que, en nuestro país, parece que no es ni comprendida, ni promovida. Pareciera que vivimos en medio de la cultura de la guerra, de la lógica del todo o nada, de la descalificación y amenazas desde el poder.

Por eso, los que creemos en la tolerancia, debemos hacer valer la estructura del diálogo, de la razón, de la comprensión, de la lógica y de la negociación en nuestras actividades.

Una de las grandes trampas de nuestros tiempos son los extremos, que por una parte con sus purezas y lógicas impecables, han construido sociedades inhumanas, crueles, déspotas y autoritarias y por la otra, se pretenden construir sociedades en extremo humanizadas y en extremo tolerantes, al grado de considerar que la ley puede ser superada por la sana convivencia que supone que cada quién haga lo que le parezca en nombre de la libertad y de la felicidad, tolerando la corrupción y muchas veces, la ineptitud.

Por eso la política está inmersa en el terreno de la resolución de los problemas concretos que plantea el ejercicio del poder, es decir, en cómo resolver las necesidades que tiene la sociedad que se gobierna.

La voluntad de las mayorías, la popularidad medida en encuestas o en grandes concentraciones humanas o el discurso irresponsable, no pueden sustituir a la legalidad en la definición de los actos de gobierno.

Y para respetar esa legalidad, se deben utilizar diversos mecanismos y acciones que coadyuven a que la creación de un orden vinculante, se dé a partir del diálogo, del debate, de la polémica, pero en el escenario de la tolerancia, para llegar a acuerdos que se traduzcan en bienes públicos.

Sostengo que en una democracia participativa, para que se conserve la gobernabilidad democrática, se exige una acción política tolerante que se realice todos los días entre gobernantes, legisladores, partidos políticos, organizaciones sociales y ciudadanos.

Opinar sin ser descalificado; disentir, pero al mismo tiempo proponer; manifestarse pero ser respetado; dialogar para ser escuchado y negociar para construir: Esa es la tolerancia.

Mi experiencia me ha llevado a entender que la política es esa actividad humana, noble y superior que debe conjugar lo deseable con lo posible, a partir de lo disponible.

Se necesitan erradicar los pleitos y confrontaciones entre partidos políticos, entre grupos parlamentarios, entre órdenes de gobierno, entre candidatos, pero al mismo tiempo, reclaman que quién gobierna, se dedique a gobernar y no a descalificar o reprimir.

Quien no dialoga, propone, negocia y es intolerante, está condenado a fracasar o a imponer y pareciera condenado a equivocarse más veces que los demás.

Se debe dignificar a la política, hacer que los políticos se respeten para que sean respetados y que la tolerancia sea un principio, no la excusa para reprimir.

El diálogo nos permite distender y no tensar; acercar posiciones y no alejarlas; comprometer y no evadir responsabilidades; reconocer y no ignorar para llegar a acuerdos en beneficio de la sociedad que se dice representar.

Incluso afirmaría que es una obligación de los políticos demostrar su tolerancia mientras ejercen el poder.

Sostengo que en política se deben buscar los terrenos en los que es posible, deseable, factible y hasta obligatorio encontrar rumbos y decisiones comunes.

Si promovemos un ambiente de respeto y utilizamos el diálogo rescatando la palabra para establecer comunicación entre los políticos y buscamos el punto de encuentro, habremos avanzado.

Porque el diálogo implica que se busquen las mejores propuestas de solución basadas en la razón y el respeto, reconociendo la necesidad de la cooperación entre todos los actores políticos y sociales.

Todos los países necesitan el diálogo para buscar soluciones a sus problemas, pero el diálogo en donde nadie se considere poseedor de la verdad; diálogo en donde todos participen con un carácter de igualdad; diálogo que integre y respete al de enfrente tratando de convencerlo con argumentos, pero con una apertura tal, que sus argumentos puedan llegar a convencer.

Perseguir empresarios para cumplir sus obligaciones fiscales, denostar a una alcaldesa de oposición culpándola de financiar la marcha de la GEN Z o anunciar que varios de los participantes en el bloqueo de carreteras que exigien apoyo al campo y seguridad en las carreteras, tienen carpetas de inestigación abiertas, no es ser tolerante.

TW:  @Tigre_Aguilar_C

**Es politólogo

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#DialogosEnElInfierno

Por José Zenteno D.

De Uruapan al Zócalo de la CDMX

¿Qué ocurrió? ¿Por qué ahora los titulares en el mundo califican como "gobierno represor" al de Claudia Sheinbaum? ¿En qué momento se derrumbó la popularidad de la presidenta en las encuestas? ¿Cómo fue que los programas sociales y los incrementos salariales dejaron de contener la irritación del pueblo bueno?

La historia no se cuenta sola porque la memoria es corta y la propaganda es mucha.

Los abusos, las traiciones, las mentiras, las omisiones, la colusión y la corrupción abundan entre los máximos jerarcas de la cuatroté. Los escándalos saturan la escena pública y todos tienen el mismo origen. Hagamos un recuento de los últimos sucesos.

Verano del 2025. La Fiscalía General de la República hace públicos los resultados de una investigación en la que se determinó que Hernán Bermúdez Requena era el líder del grupo delictivo conocido como "La Barredora". Este personaje fue secretario de Seguridad Pública del estado de Tabasco en los tiempos en que Adán Augusto López Hernández era gobernador. Además de la relación jefe – subordinado eran amigos personales de la infancia. Una trama de complicidades en la que la seguridad de los ciudadanos se entregó a un grupo delictivo que secuestraba, extorsionaba, traficaba, mataba e infundía temor, mientras el señor Bermúdez Requena contaba con la protección de su amigo gobernador y después secretario de gobernación federal.

Ni Adán Augusto ni López Obrador se dieron por aludidos con la investigación. Ambos negaron tener conocimiento de la "doble vida" de Bermúdez Requena, argumento que le ha valido a Adán Augusto para mantenerse como líder del grupo parlamentario de MORENA en el Senado.

Al poco tiempo la misma Fiscalía General de la República expone la existencia de una red de tráfico de combustibles después de incautar un buque tanque cargado con diésel. Se descubrió oficialmente lo que ya se había expuesto en la prensa nacional desde el 2022; un esquema de tráfico de combustibles que evitaba el pago de impuestos en las aduanas y puertos. Una discrepancia equivalente a miles de millones de litros entre los volúmenes registrados por el gobierno de los Estados Unidos como exportaciones hacia México y los registrados por el gobierno mexicano como entrada desde el país del norte. Esa discrepancia generó un costo anual de 180 mil millones de pesos al erario, y se estima que supera los 500 mil millones solo en el sexenio de López Obrador. Lo peor es que la red de huachicol fiscal sigue operando.

Mientras políticos como Andy López Beltrán, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal o Mario Delgado viajan a todo lujo por Japón y Europa, haciendo gala de su riqueza y de su poder, la impunidad, la delincuencia y la violencia permanecen en el país. Ocurren a diario incontables casos de desapariciones, asesinatos, extorsiones, asaltos, violaciones. La delincuencia infunde temor a la gente con la exposición de cuerpos desmembrados y mutilados. Nadie hace nada. El gobierno celebra con datos estadísticos una supuesta disminución del fenómeno delictivo, pero las mismas encuestas gubernamentales exponen que la población se siente más insegura en octubre de 2025 de lo que se sentía en octubre de 2024.

Todo México se cuestiona la existencia de un pacto de impunidad entre los políticos del régimen y con los grupos de la delincuencia organizada. Nada nuevo. La cuestión es que ese pacto ha permitido que se rebasen los niveles tolerables de actividad delictiva. El costo económico y social del crimen organizado es tan alto que la gente ya se cansó.

Entonces surgió en Michoacán una voz disidente. Un presidente municipal que se atrevió a hacer su trabajo y enfrentó con energía a los grupos criminales que azotan a la población de Uruapan. Pidió la ayuda del gobierno estatal y federal para enfrentar a los criminales, no se la dieron, lo dejaron solo. Finalmente ocurrió lo que él ya había advertido; lo mataron. El asesinato de Carlos Manzo enardeció a la gente en todo el país. Solo en las 48 horas posteriores al crimen se generó un volumen inédito de mensajes orgánicos y genuinos en redes sociales con señalamientos en contra del gobierno federal, alrededor de 100 millones de impresiones.

Luego alguien convocó a la marcha de la generación Z. Ese alguien fue un chavo de 27 años, abogado de la UNAM, que entendía de los símbolos de su generación y del impacto que en otros países habían tenido. La idea incendió la pradera de las redes sociales. Cientos de miles marcharon solo en la Ciudad de México, a los que se les sumaron contingentes en otras 50 ciudades del país. El gobierno intentó desacreditar a la marcha y deslegitimar las causas que la motivaron, luego la infiltró con grupos violentos que justificaron la reacción represiva de la policía de la CDMX. En esas estamos hoy.

Esta es la crónica de un gobierno fallido, débil, sometido a intereses que lo superan y lo anulan. Así es como llegamos al sitio en que nos encontramos, lo demás son cuentos para intentar confundirnos.

Twitter X: @PepeZd Instagram: @pepezentenod Facebook: @PepeZenteno

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#ElLoboLibertario 

Por Ricardo Gali Saucillo

Paridad sin Cambiar Élites: Cómo Lograr Igualdad de Género Sin Imponer Turnos ni Sacrificar el Mérito Ciudadano

La paridad debe abrir puertas, no rotar élites; urge una política verdaderamente ciudadana

La paridad de género es uno de los avances más importantes de la democracia mexicana contemporánea. Su propósito fue abrir espacios de participación política a las mujeres en igualdad de condiciones, no repartir el poder por turnos o fórmulas numéricas.

Con la reforma constitucional de 2019, conocida como "paridad en todo", México dio un paso histórico al incorporar en los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución el principio de que mujeres y hombres deben tener las mismas oportunidades para ocupar cargos públicos en los tres niveles de gobierno. Ese principio no busca imponer una fórmula aritmética, sino asegurar igualdad sustantiva: que nadie sea excluido ni favorecido por razón de género, incluyendo a las mujeres.

La diferencia entre igualdad y turnos

En los últimos años, algunos partidos políticos y autoridades electorales han comenzado a aplicar la paridad como una especie de "escalonamiento": si en un periodo una candidatura fue ocupada por un hombre, el siguiente "debe" corresponder a una mujer, y viceversa. Esa práctica, aunque aparentemente equitativa, distorsiona el espíritu del principio constitucional, porque sustituye la libertad de elección por una fórmula administrativa.

El artículo 35, fracción II, de la Constitución garantiza a toda persona el derecho de ser votada en condiciones de equidad, sin restricciones arbitrarias. Y el artículo 41, que reconoce la paridad, también protege la libertad de los partidos políticos para definir sus procesos internos, siempre que lo hagan respetando la igualdad entre sus militantes.

Por tanto, cuando una autoridad o un partido determina que un cargo no puede ser ocupado por un hombre o una mujer únicamente por razón de género, se vulneran dos derechos fundamentales: el derecho político-electoral de quien aspira a participar, y el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a la persona en la que confía. Imponer la exclusión de un perfil por mandato judicial o por criterio de paridad mecánica limita la libertad del votante y degrada la democracia representativa.

La paridad debe operar como un principio de igualdad de oportunidades y competencia, no como un sistema de turnos que cancela derechos y uniforma la voluntad popular. Y precisamente por eso, debemos migrar hacia sistemas de elecciones primarias abiertas, transparentes y competitivas.
Cuando los candidatos son elegidos directamente por los ciudadanos —no por cúpulas partidistas—, desaparecen los pretextos de género, de cuota o de grupo.

Las primarias permiten que cada aspirante compita en condiciones de igualdad y que la sociedad, no la burocracia del partido, decida quién merece representar una causa. Así, la paridad deja de ser una regla impuesta y se convierte en una consecuencia natural del voto libre y del mérito reconocido.

El sentido jurídico de la paridad

El concepto de igualdad sustantiva no significa repartir todo a partes iguales, sino ofrecer las mismas condiciones para competir. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) establecen que las candidaturas deben garantizar participación equilibrada de hombres y mujeres, pero sin imponer fórmulas que restrinjan derechos individuales ni la libertad democrática de elección.

El equilibrio no puede lograrse sustituyendo la meritocracia con cuotas inamovibles.
La democracia se fortalece cuando las reglas permiten que los mejores perfiles, sin importar el género, representen a la ciudadanía con legitimidad y capacidad. Cuando el género se vuelve una condición previa, la democracia deja de ser libre y se convierte en una simulación de igualdad.

Paridad y mérito: la verdadera igualdad

La paridad fue creada para abrir puertas, no para cerrarlas con nuevos candados.
No se trata de que ahora los hombres enfrenten los mismos obstáculos que antes enfrentaron las mujeres; se trata de que ninguno vuelva a enfrentarlos.

México ha demostrado madurez política: por primera vez una mujer ocupa la Presidencia de la República, y miles más participan activamente en la vida pública. Ese logro no requiere "cuotas por turno", sino respeto a la libertad política de cada ciudadano.

La igualdad que realmente fortalece a la democracia no se mide en números, sino en confianza, competencia y representación real. Una política verdaderamente paritaria es aquella donde las mujeres llegan porque quieren, los hombres participan porque pueden, y la ciudadanía elige porque confía.

Sin embargo, para que la paridad sea completa, el debate debe ampliarse.
La democracia mexicana no solo necesita equilibrio entre géneros, sino también renovación generacional. Ese será, sin duda, el siguiente paso de nuestra conversación pública: cómo abrir las puertas del poder a las nuevas generaciones que hoy siguen al margen, mirando cómo se reparten los mismos espacios entre los mismos nombres.

La paridad como instrumento de justicia, no de control

México necesita consolidar la paridad como instrumento de justicia, no de control.
El futuro de la democracia mexicana no depende de cuántos hombres o mujeres ocupen un cargo, sino de que los ciudadanos puedan elegir libremente a quienes los representen con capacidad, mérito y ética.

La paridad, entendida correctamente, no es una cuota, sino un principio de libertad e igualdad sustantiva.
Y esa igualdad no se mide en porcentajes, sino en la confianza del ciudadano que, sin importar el género, ni la edad, reconoce en su representante a alguien que realmente lo escucha y lo sirve.

Porque la verdadera paridad no consiste en cambiar el rostro del poder, sino en devolver el poder al pueblo.

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Por  Lupita Grajales**

La "meritocracia", eje del sistema público de educación superior

Un análisis de la noción y de cómo cobra cuerpo en el ámbito educativo

En la Nocturna de ayer, un programa dedicado a la discusión y reflexión sobre la educación superior, específicamente la pública, comentamos mi artículo sobre el significado de la palabra 'evaluación' en este contexto. El conjunto de consideraciones nos llevó a la idea de continuar analizando los conceptos clave del discurso que envuelve el sistema público de educación superior impuesto desde los años noventa, al menos.

Llevamos ya más de treinta años con este sistema y sus resultados no han sido los esperados, esto es, la educación regida por el Estado no cumple con el precepto constitucional que establece que ésta "será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica".

Para continuar con nuestro análisis conceptual comentaremos un capítulo del libro Por una cancha pareja. Igualdad de oportunidades para lograr un México más justo de Roberto Vélez Grajales y Luis Monroy-Gómez-Franco. El capítulo al que me refiero se denomina "La meritocracia" y me parece que el análisis que llevan a efecto los autores es aplicable al ámbito educativo. Aunque su objetivo primario es distinguir entre un sistema meritocrático y uno que apunta a la igualdad de oportunidades, su análisis resulta muy esclarecedor pues incluso ilustran las desventajas de la meritocracia con un ejemplo de las medidas tomadas en las instituciones de educación superior.

Además, el propósito de su estudio es el de identificar "aquellas políticas públicas que se presentan como de igualdad de oportunidades sin que en realidad lo sean…" Y en esto coincide mi propósito con el suyo: determinar si las políticas públicas de educación superior han servido a los fines de la misma.

Seguiré, pues, el análisis que hacen del concepto 'mérito' a fin de derivar algunas conclusiones fundadas en nuestra realidad educativa.

Caracterizan "la meritocracia como el régimen distributivo en el que las recompensas disponibles para cada persona dependen de los méritos …con que cuente cada una." Y hacen la siguiente crítica: "este régimen distributivo implica la adopción de la competencia entre personas en todos los aspectos de la vida, lo que trae consigo un debilitamiento de los lazos comunitarios, pues todos los miembros de la sociedad son percibidos como posibles competidores."

Traslademos esta situación al contexto educativo y veremos que, efectivamente, desde que se instauró el sistema de becas al desempeño académico (ESDEPED) y la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores(as) la comunidad magisterial dejó de ser eso, una comunidad, para convertirse en un conjunto de personas luchando por aprovechar cualquier oportunidad para alimentar su curriculum vitae, independientemente de los objetivos que como academias de docentes tienen, pues el diseño de los planes de estudios, la elaboración de los programas de las materias y las formas de conducción de los programas educativos son una tarea colectiva y no individual. De hecho, el(la) docente se ha sometido a dos rutas contradictorias: la que alimenta su curriculum individual y la que lleva a logros colectivos. Piensen en los famosos cuerpos académicos, un programa instaurado por la Secretaría de Educación Pública, y no importa si la universidad es autónoma, para "promover el trabajo colectivo". Resulta que no contentos con instaurar esta guerra de todos contra todos, también la han generado al interior de las propias academias, pues formar parte de un cuerpo académico y realizar las tareas que se acuerdan para cumplir con los niveles de "calidad" exigidos por la SEP, implica que sus integrantes atiendan primero a estos compromisos y después a lo demás.

Si algo ha pulverizado a las academias y sus responsabilidades colectivas, cuyo cumplimiento es fundamental para el buen funcionamiento de la licenciatura o posgrado de que se trate, son estos cuerpos académicos que, por otra parte, las universidades autónomas han incluido positivamente en sus "instrumentos de evaluación", sin percatarse de que en realidad han funcionado como "caballos de Troya". Bueno, en realidad sí se han percatado, pero han aceptado acríticamente la intromisión de la SEP. Claro una intromisión que al principio se acompañaba de apoyos económicos que hoy en día han desaparecido casi en su totalidad, pero sigue valiendo algunos "puntitos" el pertenecer a un cuerpo académico.

Los autores hacen una afirmación contundente: "en el límite, una meritocracia puede llevar a una sociedad tan rígida como aquella a la que originalmente buscaba combatir." E ilustran esto con un ejemplo tomado del ámbito educativo.

Supongamos que los estudiantes de nuevo ingreso son asignados a las licenciaturas con base en el resultado obtenido en el examen de conocimientos y habilidades. Es lo que ya se ha anunciado en la BUAP, el(la) estudiante podrá indicar hasta tres opciones de carrera universitaria y la institución decidirá en cuál se podrá inscribir. Como sabemos, hay un conjunto de carreras muy demandadas como Medicina, Derecho, Arquitectura, Gastronomía, entre otras y no dudamos de que el resultado del examen de admisión sea lo que determine si el(la) estudiante entra a Medicina o a Enfermería u otra. Es altamente probable que quien tiene más méritos previos sea el que estudie la carrera de su primera opción.

Pero el asunto no termina ahí. En los semestres siguientes los(as) estudiantes son libres de elegir sus materias y sus profesores(as). Y aquí, nuevamente, aquellos que tienen los promedios de calificaciones más altos son los que "tienen mano". Se provoca así una segregación del cuerpo estudiantil y además se coloca al estudiante sin trato preferente en tal situación que si deseara pasar al grupo "preferencial" tendría que hacer un esfuerzo mucho mayor para alcanzar este nivel y subsanar las deficiencias que arrastra de semestres previos.

La conclusión es clara: "se vuelve imposible escalar porque las raíces del mérito son sembradas desde el momento inicial y el sistema sólo refuerza la trayectoria que esas raíces, fuera del control de la persona, ocasionan."

¿Qué hacer entonces en el caso del sistema público de educación superior?

** Lic. en Filosofía y Letras, Mtra. en Ciencias del Lenguaje, Mtra. En Filosofía 

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